No se los repartía porque la anterior ministra de Salud, Silvia Simoncini, estaba en contra de su uso por razones ideológico-religiosas. Esto ha sido una constante desde el retorno de la democracia en 1983, con gobiernos provinciales nacidos y criados en Santa Fe, antigua capital colonial, conservadora y católica.
En 2003 ya nos habíamos enterado de cómo los DIU enviados por el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva eran abandonados de manera similar, mientras el ministro Fernando Bondesío dictaminaba que los médicos debían denunciar penalmente a las mujeres que llegaran a los hospitales públicos con complicaciones de abortos clandestinos.
Simoncini ya había saltado a la notoriedad cuando salió a la luz la historia de la ignominiosa muerte de Ana María Acevedo, una joven embarazada de 19 años con cáncer de maxilar que requería urgente radioterapia y quimioterapia. La obligación del personal médico del Hospital Cullen, de Santa Fe, era recomendar un aborto terapéutico. El director del hospital, Dr. Andrés Ellena, retardó los trámites y finalmente recomendó inducir el parto. Pero fue muy tarde. La ministra Simoncini avaló las excusas dilatorias de este despreciable "profesional de la salud".
Aun antes de eso, la ministra Simoncini se había negado a firmar un documento emitido por el Consejo Federal de la Salud, recomendando la urgente confección de un protocolo de abortos no punibles, un instrumento legal que estableciera de forma clara las responsabilidades y obligaciones de los médicos y del estado. (El artículo 86 del Código Penal Argentino dice claramente que no es punible el aborto de una mujer con discapacidad mental si el embarazo fue producido por una violación. No obstante, muchas veces se pide autorización judicial para realizarlo, porque los médicos tienen miedo de ser acusados de asesinato.) Todos los ministros de salud del país, menos ella y el de San Juan, firmaron el documento.
Esto fue poco después de que otra joven de 19 años muriera en el hospital Cullen por complicaciones de un aborto casero. El gobernador Jorge Obeid, en ese momento, se lavó las manos diciendo "cada cual tiene derecho a tener su propio pensamiento" y ratificó a Simoncini en su puesto. (El diario La Capital curiosamente subtitula esta noticia "Simoncini no avaló abortos".)
Apenas asumir, Simoncini desactivó todos los planes de capacitación en educación sexual, y dejó a la deriva el Programa Provincial de Salud Reproductiva. Al mismo tiempo el gobierno provincial designó a Adriana Cantero como Ministra de Educación, y ésta avaló unos nuevos cursos sobre sexualidad a cargo de una tal Nereida Brumat Decker, miembro de una ONG entre cuyas afirmaciones públicas están "la homosexualidad es una enfermedad", "los métodos anticonceptivos son abortivos", y "la ley de salud reproductiva se opone a la cultura de la vida". ¿No nos son familiares estas frasecitas? (¿no? ¿no? ¿en serio? ¿para nada? ¡vamos!)
La buena noticia para terminar con esta saga es que, como dice el Rosario/12 de hoy (domingo nada menos), ahora sí habrá píldoras y forros para todo el mundo:
La directora de Farmacia y Bioquímica de la provincia, Beatriz Martinelli, resolvió normalizar el Plan Nacional de Salud Reproductiva que había sido prácticamente desactivado durante el gobierno de Jorge Obeid y ordenó distribuir en los centros de salud santafesinos más de un millón de preservativos y una importante cantidad de píldoras del día después que estaban almacenadas en las droguerías de Rosario y Santa Fe.Lo único que puedo decir es: por fin nos gobiernan personas que no dejan que su ideología religiosa se interponga en el camino de la ley. Porque todo esto es, al fin y al cabo, ley: lo que han votado y decidido los representantes que elegimos.
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